Los representantes José Rivera Madera y Juan José Santiago Nieves, radicaron la resolución conjunta 660 para ordenar al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a LUMA de rescindir del contrato «Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement». Este contrato fue firmado por la AAPP, la AEE y el consorcio privado LUMA Energy, LLC.
«No podemos seguir atendiendo proyectos para lavarle la cara a LUMA. Ya han sido demasiadas las oportunidades que se le ha dado a esta compañía para que le cumpla al país con lo prometido.», manifestó Rivera Madera.
El contrato suplementario que venció en noviembre del 2022 y que fue renovado indefinidamente por el Gobierno PNP de Pedro Pierluisi y Jenniffer González, tiene unas cláusulas de incumplimiento de métricas qué son razón suficiente para la cancelación del mismo. «LUMA no ha cumplido con Puerto Rico y no hay razón alguna para que continúe llenándose los bolsillos de dinero puertorriqueño.», añadió el representante Rivera.
«LUMA le ha fallado al país. Su incapacidad gerencial y problemas de comunicación y acción entre los diferentes niveles operacionales han provocado el desastre de estas últimas semanas en el servicio eléctrico. Nuestra gente y comerciantes ven afectada su calidad de vida mientras el bolsillo de todos continúa recibiendo un golpe en cada factura. Es importante tomar acción y que se rescinda del contrato pues la compañía no ha podido demostrar que cumplió con las métricas establecidas ni tampoco con las mejoras proyectadas a esta fecha.», agregó por su parte Santiago Nieves.
La decisión de rescindir este contrato se fundamenta en los numerosos incumplimientos y daños irreparables ocasionados a diferentes grupos, incluyendo abonados, bonistas, acreedores, suplidores, contratistas, empleados y retirados de la AEE. Además, se considera que el control de un ente privado sobre activos públicos de alta importancia y valor, especialmente en un área tan crítica como la administración, transmisión y distribución de energía eléctrica, ha sido ejercido sin una causa legal justificada, afectando gravemente el interés público.
«Lo vivido por nuestros constituyentes en estas semanas no debe ser el estándar para medir la calidad de vida y tampoco debe ser la norma en la actividad comercial de nuestros pequeños y medianos negocios. No podemos seguir cargando la ineficiencia de LUMA ni normalizar un servicio caro y malo para el país», concluyó Rivera Madera.
